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°CCarlos Ramírez 18 julio, 2023 | Hace 1 año
(Segunda parte de la columna Indicador Político del 10 de diciembre de 1999 sobre las irregularidades en la pensión auto operada por el propio Gurría Treviño.)
Arrinconados por la presión de la opinión pública debido al problema moral –y de ilegalidad– de sus jubilaciones en Nacional Financiera, José Angel Gurría Treviño y Oscar Espinosa Villarreal donaron esos ingresos a organismos de servicio social. Sólo que no aclararon que los beneficiarios de esas donaciones tienen relaciones familiares con los dos funcionarios del gabinete del presidente Zedillo.
La mamá de Gurría participa directamente en el grupo RETO –Recuperación Total– que se dedica a problemas de cáncer en la mujer. Y los destinatarios de la pensión de Espinosa también pecan del mismo problema: la Fundación UNAM es dirigida por el propio Espinosa y fue creada como instrumento político para empujar la rectoría de Francisco Barnés de Castro; la organización Alzheimer “Francisco Espinosa” lleva el nombre del padre del exjefe del DDF y actual secretario de Turismo; y el fideicomiso de grupos mazahuas está dirigido por la mamá de Espinosa.
Así, al problema moral de una pensión tramitada con irregularidades y de manera ventajosa por sus respectivas posiciones políticas y burocráticas se agrega otro perfil también moral: disculparse con la opinión pública y anunciar la entrega de las pensiones a organismos humanitarios dirigidos por parientes de los dos funcionarios.
Pero hay otros aspectos que siguen lastimando la credibilidad de los dos funcionarios. Las dos pensiones, por ejemplo, contienen importantes porcentajes de ingresos que se derivan de líneas de crédito a tasas de interés risibles, algunas de ellas hasta de 2 por ciento anual. El mecanismo es simple: como funcionario se solicita un crédito a interés bajo a la institución, ese dinero se pone a tasa de interés normal en un banco y los beneficios de la especulación significan tasas de utilidad. Gurría y Espinosa se beneficiaron de ese esquema que desapareció para los empleados menores del gobierno pero que sigue privilegiando a la casta dorada de la alta burocracia financiera.
Otro rasgo de inmoralidad afecta directamente a Gurría. Como secretario de Hacienda, Gurría ha sido el economista más duramente severo en controlar el presupuesto federal y en desmantelar la red de prestaciones sociales a los empleados públicos. Sin embargo, como exdirector de Nafinsa y secretario de Relaciones Internacionales del CEN del PRI al momento de comenzar a disfrutar su pensión, Gurría buscó el máximo de beneficios. Sus 45 mil pesos mensuales de pensión contrastan con la media de mil 47 pesos por jubilado.
Asimismo, el funcionario encargado de vigilar el buen uso del poco presupuesto federal tiene en su haber una pensión que acumula beneficios que se le han negado a los demás jubilados y pensionados del sector público. Y más aún: Gurría regresó a Hacienda a cobrar un salario después de haber hecho un corte jubilatorio a sus años entregados a esa dependencia. Aunque legalmente los jubilados pueden trabajar para recibir ingresos adicionales a su jubilación, la inmoralidad radica en el hecho de jubilarse en una dependencia y luego regresar a cobrar un salario más alto en la misma dependencia.
En su afán por luchar contra la severa crítica de la opinión pública, Gurría no hace sino enredarse más. Su declaración pública del 7 de diciembre (de 1999) para informar la donación temporal de su pensión a dos instituciones de beneficencia pública, el secretario de Hacienda tergiversa su problema para politizarlo. Pero a pesar de que el problema haya surgido en el espacio político por excelencia de la república –la Cámara de Diputados–, de todos modos, la denuncia del diputado independiente Marcelo Ebrard no se localizó en la lucha política sino en el ejercicio constitucional de la Cámara de Diputados como un organismo de vigilancia del ejercicio presupuestal del ejecutivo.
Por tanto, la insistencia de Gurría por politizar el asunto de su jubilación no es sino una maniobra desesperada de distracción. En todo caso, la estrategia de Gurría de politizar el debate sobre su pensión y de meterla en el escenario electoral del 2000 busca cerrarle los espacios a la Comisión Investigadora del Congreso.
Pero las respuestas de Gurría complican el propio expediente. En su declaración del 7 de diciembre ratificó el argumento de su carta a la presidencia de la Cámara en el sentido de que Nacional Financiera le informó que había sido beneficiado con una jubilación. Sin embargo, hay documentos oficiales –y hay que reiterarlo hasta el cansancio– que señalan que Gurría comenzó a preparar su jubilación justo desde el primer día en que comenzó a laborar en Nafinsa como director general en diciembre de 1993.
En un oficio del Banco Nacional de Comercio Exterior firmado por Consuelo Martínez Muñoz, director ejecutivo de Administración, y Víctor Pérez Guadarrama, director de Recursos Humanos, y fechado el 30 de diciembre de 1993, se le dio a Gurría la constancia de trabajo en el BNCE del 5 de enero de 1994 al 14 de diciembre de 1994, pero ahí mismo funcionarios menores del Banco le reconocieron a Gurría la acumulación de 3 años 10 meses en Nafinsa y de 14 años 7 meses en la Secretaría de Hacienda. Hacienda nunca le extendió constancia a Gurría de sus labores.
Y lo significativo del documento del BNCE se localizó en el último párrafo donde los dos funcionarios de Administración y Recursos Humanos señalaron que la constancia de acumulación de años de trabajo se extendió “a petición del interesado”. Y el 12 de enero de 1994 el director adjunto de Nafinsa, José Altamirano Pérez, le informó a su jefe Gurría, aún director general, que “en atención a su solicitud” la propia Nafinsa le reconocía 19 años 3 meses y 26 días en el sector financiero. Estos dos documentos prueban que Gurría organizó su propia jubilación y que no fue una prestación otorgada después de haber abandonado Nafinsa.
En su declaración pública del 7 de diciembre, Gurría manipula las acusaciones. Señala enfáticamente la falsedad de las acusaciones que le hizo el diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar en 1998 porque lo había censurado por jubilarse a los 44 años y seis de antigüedad. Sin embargo, la principal acusación contra Gurría ocurrió apenas en noviembre de este 1999 y la hizo el diputado independiente Marcelo Ebrard. Contrasta, así, la irritación de Gurría contra los datos equivocados de Ramírez Cuéllar, pero el vergonzoso silencio ante los señalamientos y sobre todo los documentos entregados por Ebrard para fundamentar sus acusaciones contra las irregularidades en la pensión del secretario de Hacienda.
Si Gurría habla de una acusación politizada, la verdadera dimensión del problema de su pensión la dieron militantes del Movimiento de Pensionados y Jubilados, cuya lucha había sido ignorada por los diferentes responsables de la Secretaría de Hacienda, entre ellos Gurría en los últimos años. La argumentación oficial se sustentaba en la escasez de dinero para ofrecerles a los jubilados –trabajadores que entregaron sus fuerzas al sistema productivo oficial– una pensión más adecuada a sus necesidades de vida.
Por eso, los jubilados y pensionados que carecen de fuerza política resumieron el problema de la jubilación de Gurría en una consigna que gritaron frente a las oficinas del secretario de Hacienda: “¡Gurría, te cambio tu pensión por la mía!” El responsable del uso transparente y justo del dinero no puede ser beneficiario de una pensión casi 40 veces más que la mayoría de los jubilados y luego argumentar que los sacrificios sociales deben seguir por la astringencia del presupuesto público federal.
Además de que hubo irregularidades en la jubilación de Gurría y de que no ha presentado el acuerdo de Nafinsa para bajar la edad jubilatoria a 40 años, Gurría tiene encima la lápida del problema moral de tener una pensión muy por encima de la mayoría de los jubilados y manejar el presupuesto federal con restricciones a asalariados y a pensionados.
Política para dummies: La política es para los beneficiarios del poder, no para la sociedad.
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