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°CRoberto Santiago 26 julio, 2023 | Hace 1 año
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que desde 2021 hasta el primer semestre de este año han sido denunciados 537 casos de corrupción en su interior, de los cuales 259 se registraron sólo entre los meses de enero y julio de este año, que comparado con los 142 casos que se registraron en todo el año 2019 implica un aumento del 82.3 por ciento.
El documento de la CNDH, entregado a la Comisión Permanente, precisa que en el primer semestre de 2023 se registraron 259 actos reportados ante el Órgano Interno de Control; es decir, 82.3% más de los 142 reportados en el último año de Luis Raúl González Pérez como presidente de la Comisión.
En una revisión histórica de los Informes anuales presentados por la CNDH fue posible observar que en 2019, último año de Luis Raúl González Pérez, se abrieron 142 expedientes por el Órgano Interno de Control; en 2020 se abrieron 247, es decir, 74% más que un año anterior; en 2021 se abrieron 385 expedientes, esto es, 55.8% más que el año previo; en 2022 fueron 376, que implicaron una disminución de 2.3% respecto del año inmediato anterior, pero un aumento de 164% respecto del último año de González Pérez.
En el apartado identificado como v.1.1 Área de Quejas, Denuncias y Notificaciones, el informe de la CNDH entregado ayer dice que “durante el primer semestre de 2023 que se informa fueron atendidos 537 expedientes de investigación iniciados por quejas o denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control por actos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De los 314 expedientes que aún están en trámite, 202 responden a anomalías en las declaraciones patrimoniales y 112 por quejas y denuncias, precisa el Informe.
Y de los 259 expedientes de investigación por quejas y denuncias que se iniciaron durante el primer semestre de este 2023 “se investiga la comisión de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa”.
El Órgano Interno de Control (OIC), de acuerdo con la ley, depende directamente de la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de verificar el buen funcionamiento de la administración pública y de detectar las anomalías en la prestación del servicio, así como detectar los actos de irregularidades administrativas, como se les llama a los actos constitutivos de corrupción.
Con información de Excelsior.
