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°CRoberto Santiago 28 junio, 2022 | Hace 3 años
En México, siete de cada diez mujeres privadas de su libertad sufrieron tortura, tratos crueles o degradantes, al menos en una etapa de su proceso, y de ellas tres de cada diez, refirió haber sido víctima de tortura sexual.
Según el informe del Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de su libertad, dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, la autoridad que más comete el delito son policías de investigación en un 40 por ciento.
Luego le siguen los policías municipales en un 20 por ciento y los estatales en un 16 por ciento; en tanto, elementos de las fuerzas armadas como militares y marinos, en un 13 por ciento.
El funcionario reconoció que más allá de los números, el diagnóstico arroja que existe un problema en el país y que no ha sido posible erradicar, pero además, que lamentablemente se presenta en todas las fases del proceso en que las mujeres expuestas a una condición de violación a la Ley están expuestas.
Hasta noviembre del año pasado, había 12 mil 625 mujeres privadas de su libertad distribuidas en 21 centros penitenciarios femeniles y 124 cárceles mixtas.
De las conclusiones del diagnóstico se encuentran 31 recomendaciones a diez instituciones públicas que, más allá que se tenga autonomía o no por parte de las fiscalías, deben ser atendidas como corresponde a una sentencia de la Corte, desde los temas básicos para que las fiscalías estatales y la General de la República emprendan acciones penales contra los servidores públicos que han cometido estos ilícitos hasta la obligación de las fiscalías de garantizar que existan médicos legistas con perfil de género.
