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°CEnrique Aranda 20 julio, 2022 | Hace 2 años
Se desplomó helicóptero
“por falta de combustible”… ¿What?
En medio de la polémica suscitada por la reciente captura de Rafael Caro Quintero, y la negada participación o apoyo en ésta de elementos de la DEA, no son pocas las versiones, según las cuales –“aun en espacios cerrados”, dicen–, influyentes personajes de la política estadunidense, dos gobernadores en funciones incluidos, estarían retomando el añejo debate orientado a identificar a los grupos criminales, al narcotráfico, en particular, como terroristas, con la idea de auspiciar un marco legal que posibilite una eventual intervención directa de sus fuerzas de seguridad… “¡en territorio nacional”.
Alentados por la creciente percepción de que el auge actual del trasiego de drogas entre México y la Unión Americana tiene entre sus causas tanto la incapacidad o indolencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como la inexistencia de una política seria y responsable de combate al crimen organizado que hoy parece haber rebasado a las fuerzas federales –Ejército, Semar y la indefendible Guardia Nacional– responsables de erradicar la violencia y garantizar la paz social, quienes impulsan la referida iniciativa han comenzado a reactivar vínculos con políticos mexicanos –legisladores de oposición, en especial– en aras de contar con su eventual apoyo… para avalar cambios legales aquí, que favorezcan sus intenciones.
Esto, por la simple y sencilla razón de que si bien, tras su reciente visita a la Casa Blanca, el tono y actitud del tabasqueño y quienes lo rodean en la atención del asunto, parecen haberse “endurecido” respecto a lo que hasta ahora marcaba la permisiva estrategia de “abrazos y no balazos”, lo cierto es que igual en la legislación nacional y en ordenamientos de corte internacional aplicables al país, la decisión de avanzar por la vía que estaría abriendo la eventual denominación de terroristas a las bandas del narcotráfico, no es en forma alguna automática.
Y no, porque a decir de especialistas, la Ley de Seguridad Nacional modificada a inicios del actual sexenio identifica a los grupos delincuenciales como “civiles armados” y no como una amenaza directa o contundente para la seguridad, limitando con ello el exclusivo derecho del uso (pleno) de la fuerza por parte del Estado en su contra, amén de que por razones de estricta defensa de la soberanía ni los poderes, creemos, ni las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a avanzar por esta vía, salvo que ello constituyera la “última opción” disponible en una lucha en que, a decir de mandos militares del gobierno estadunidense, aquéllos controlan ya amplios sectores del territorio.
Es verdad que el asunto no parece fácil de armar aunque, valga insistir, cada vez son más las versiones de que allende la frontera, no son pocos los dispuestos a conseguirlo. ¡Ufff!
ASTERISCOS
* Como una primera muestra de apertura en medio de la presión de quienes exigen su renuncia, se interpretó la suma de cinco exgobernadores a la dirigencia del Revolucionario Institucional (PRI), por parte del cuestionado Alejandro A(m)lito Moreno: Rolando Zapata, Joaquín Hendricks, Ignacio Peralta, Salvador Jara y Jorge Herrera Caldera…
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.
