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°CEnrique Aranda 19 agosto, 2022 | Hace 2 años
¿Faltó tiempo o sólo se les acabó el “cash”?
Nunca como ahora, México vivió un proceso de militarización tan acelerado y profundo —tan amenazante a decir de no pocos— como el que estamos atestiguando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los suyos… tampoco, la directa intromisión de mandos del Ejército y la Marina-Armada de México en cuestiones de carácter político…
Lo anterior viene a cuenta luego de que —ahora sí que créalo usted, si le parece, y si no, sólo ignórelo— son cada vez más frecuentes las versiones según las cuales líderes de la oposición en la LXV Legislatura federal habrían recibido sendos llamados de mandos militares de alto rango para conocer su opinión sobre la eventual integración de la fracasada Guardia Nacional (GN), de Luis Rodríguez Bucio, por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Hablamos de supuestas comunicaciones telefónicas en las que, de la mejor manera y formas, sus interlocutores habrían solicitado a diputados y senadores plasmar sus opiniones y postura en escritos que, en su momento, habrían ofrecido, serían valorados “al más alto nivel de las Fuerzas Armadas” con ánimo de ajustar su criterio y actuación a la de quienes, en su caso, habrían de votar una eventual reforma constitucional para “militarizar” el órgano policiaco creado por el actual gobierno.
Poco o nada, sin embargo, se habría mencionado en tales charlas sobre la intentona —“dictatorial e ilegal”, diría alguno— auspiciada, ahora desde Palacio, con miras a conseguir el referido propósito vía la emisión de un decreto que, si bien se prevé sea cuestionado por los propios legisladores y otras instancias, sentaría un precedente indeseable, pues evidenciaría que si aun con la intervención discreta de los directos interesados, los militares en este caso, algo no se consigue por la vía institucional, simple y sencillamente se impone.
Delicada cuestión ésta, puesto que, más allá de la entrega de las más diversas actividades, tradicionalmente reservadas a civiles, a militares, pone en entredicho la vigencia y respeto al Estado de derecho…
ASTERISCOS
* Cuestionable, por decir lo menos, el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de Alejandro Encinas, en que, amén volver a desestimar la “verdad histórica” que buscó imponer el peñismo, poco o nada nuevo aporta para calificar lo ocurrido como “un crimen de Estado”. Al tiempo, entonces…
* A quien las instrucciones de la Consejería Jurídica de Palacio no parecen quitarle el sueño es al aún director del Instituto Nacional de Pesca, Pablo Arenas Fuentes, que desde diciembre de 2021 ignora los reiterados llamados a entregar información que permita definir si, finalmente, Inapesca se fusionará o no a Conapesca, que lidera Octavio Almada Palafox. Ufff…
* Crecientes versiones según las cuales, apenas rendir su VI Informe y en razón de su incuestionable experiencia en desarrollo turístico, el ¿panista? gobernador quintanarroense, Carlos Joaquín, podría migrar al gobierno federal, a la dirección del Fonatur o, incluso, de la secretaría del ramo, donde los rumores sobre la salida de Miguel Torruco no son nuevos…
Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política.
