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°CRoberto Santiago 29 septiembre, 2022 | Hace 3 años
La presencia castrense en la seguridad pública no solo se observa a nivel federal sino también estatal, donde aumenta el control de integrantes de las Fuerzas Armadas: tan solo al cierre del año pasado, una de cada cuatro instituciones estatales del ramo tenía como titular a un militar.
Así lo refieren datos del Censo de Seguridad Pública Nacional 2022, elaborado por el Inegi, que indica que, por institución de procedencia, los titulares de las instancias estatales de seguridad pública proceden en 13.4% de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 10.1% de la Marina y en 3.3% de la Policía Federal/Guardia Nacional (26.8% en conjunto).
David Saucedo, especialista en seguridad pública, señaló al respecto que el verdadero problema no está solo en el hecho de que sean militares quienes encabecen la seguridad pública estatal, sino en que “incluso los mandos administrativos, operativos y la tropa sean militares”, pues no tienen la preparación para desempeñar tareas civiles.}
“Son vertientes distintas, los militares están capacitados en tareas de seguridad nacional pero no de seguridad pública. De manera muy coloquial, podríamos decir que ambos son médicos, pero uno podría ser un médico dermatólogo y otro un médico cardiólogo (…) Quizá los dos tienen preparación en Medicina, pero con especialidades distintas”, dijo en entrevista.
Acerca del personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal, el Inegi dio cuenta de que durante el Censo de 2021 se tenía registro de mil 53 elementos de la Sedena, 162 de la Policía Federal/Guardia Nacional y 87 de la Marina. Para 2022, se reportaron mil 79 de la Sedena, 118 de la Marina y 244 de la Policía Federal/Guardia Nacional, un aumento del 10.7%.
Desde antes de que iniciara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador e incluso del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, la corrupción en las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales provocó que gobernadores, alcaldes e incluso presidentes solicitaran la intervención de las Fuerzas Armadas.
La Sedena creó desde los 90 un protocolo para poder proveer de mandos policiacos a las instituciones de seguridad civiles.
Tal fue el caso del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien fue conocido como “el zar antidrogas” en México.
A este se sumó el caso del general Enrique Tomás Salgado Cordero quien, por decisión de Zedillo y en ausencia del regente Oscar Espinosa Villarreal, asumió como secretario de Seguridad Pública capitalino en 1996, luego de que al secretario David Garay se le relacionara con el secuestro de una joven por parte de dos policías preventivos.
Años después, el general Rafael Macedo de la Concha fue nombrado procurador general de la República durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). Como titular de la PGR, Macedo de la Concha fue quien en esa administración encabezó el proceso legal que llevó al desafuero de López Obrador, entonces jefe de gobierno capitalino.
Con información de Animal Político.
