Enrique Aranda 7 septiembre, 2022 | Hace 2 años

Aval político por impunidad…

Más tarde que pronto, si se quiere, el impresentable Alejandro Amlito Moreno acabó cediendo a la (documentada) presión que por supuestos actos de corrupción y abuso de poder enderezó en su contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —vía fundamentalmente su servil “delegada” en Campeche Layda Sansores— sin importarle si con ello pone en grave riesgo de ruptura la alianza tripartidista Va por México.

La airada reacción de sus otrora acríticos aliados de PRD y PAN a la presentación de una iniciativa —avalada por el cuestionado dirigente tricolor se entiende— para ampliar hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles, en el cumplimiento de tareas de seguridad pública por el obvio impacto que ello tiene en la negada militarización del país, evidencia la gravedad del asunto y el incuestionable tino del lopezobradorismo que, finalmente, parece haber encontrado (y festeja desde ya) la ruta para fracturar a la oposición de cara a los comicios del 2023 y, más importante, del cada vez más cercano 2024.

Instalada, apenas, la Sección Instructora en San Lázaro, encargada de dictaminar su eventual desafuero, y prácticamente al mismo tiempo que se difundía la decisión ¿de la (des)gobernadora? de no difundir más audios y/o información comprometedora de su antecesor, el círculo más cercano a Amlito comenzó a operar para, al menos, en apariencia —o “hasta que ofrezca una explicación de la controversial iniciativa”, a decir de sus otrora pares— aportar al fortalecimiento de la estrategia favorable a consolidar en el tiempo la ilegal presencia del Ejército de la 4T en las calles, en el marco de un operativo que, claramente, huele a intercambio de apoyo político a cambio de impunidad…

Qué lejos quedaron sus “valentonadas” asegurando que dejaría la vida antes que ceder a las presiones que en su contra ejercía el declinante gobierno populista. Hoy, todo está en vilo…

ASTERISCOS

* Vaya dura crítica la que, vía su Pastoral de Movilidad Humana, lidera el obispo J. Guadalupe Torres de Ciudad Juárez, enderezó la jerarquía católica contra la reforma para subordinar a la ineficaz Guardia Nacional a la sumisa Defensa, pues, advierte: “Aunque el discurso dice que no se pretende militarizar al país”, se quiere ignorar que “en contextos de importante presencia militar se ha propiciado la comisión de crímenes atroces por parte del Estado”.

* Más que atinado, por cierto, el manejo que, de la primera sesión del nuevo periodo en San Lázaro, en que el oficialismo impuso ilegales reformas que “permitirán” someter a la ineficaz Guardia Nacional a la (sumisa) Defensa Nacional, hizo el panista Santiago Creel que, tras 15 horas de inútil debate del pleno logró que “tras banderas”, los coordinadores arribaran a un acuerdo.

* De no ser tan grave, la manifiesta incapacidad de la “preparada” ¿maestra? Leticia Ramírez, de la SEP, para ejemplificar cómo es que un niño aprenderá matemáticas en segundo de primaria con el nuevo programa educativo sonaría a mala broma o, peor, a evidencia del nulo interés que en ella y su promotor tabasqueño tiene la formación de futuras generaciones…

Veámonos el viernes con otro asunto De naturaleza política.

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