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°CRoberto Santiago 22 junio, 2022 | Hace 3 años
Ciudad de México.- En los institutos y tribunales electorales de los estados, las historias de dispendios abundan: consejeros y magistrados que se autorizan bonos, vales, pagos en exceso, impuestos que se retienen a los trabajadores pero que no se entregan a Hacienda, proveedores que no dan recibos de cobro, deudas mal financiadas, trabajos pagados que no se realizaron, etcétera. Una investigación realizada por MILENIO, basada en una revisión de las auditorías practicadas a estas instituciones por parte de los órganos superiores de fiscalización en cada una de las entidades, revela lo anterior y ofrece detalles de los derroches e irregularidades. El robo de la camioneta del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa se convirtió en un tema de conversación entre los auditores del Congreso del estado. El asunto fue incluso reportado por los principales medios de comunicación locales. Resulta que Guillermo Torres Chinchillas denunció en 2019 el supuesto atraco, pero no presentó copia de la denuncia que respaldara su dicho. Se trataba de una Toyota RAV4 XLE con un costo de 374 mil 800 pesos. El Tribunal le había otorgado la SUV para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, el magistrado no reportó de inmediato ese supuesto robo. Fue hasta noviembre de 2020 cuando Torres Chinchillas dio a conocer, ante la administración del Tribunal, el presunto hurto, pero no presentó evidencia para corroborar su versión. Aun así, según auditorías, la camioneta fue dada de baja del inventario del tribunal sin mayor trámite. El tribunal reconoció a este diario que la denuncia no ha sido entregada, aunque afirman tenerla en sus archivos, porque la “auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2019 aún sigue su curso y sigue en etapa de requerimientos de documentación comprobatoria y justificativa”.
En 2020, los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima, encabezados por Nirvana Rosales Ochoa, se otorgaron irregularmente “compensaciones” que sumaron un probable desfalco a su presupuesto por 2 millones 268 mil pesos y se repartieron vales para gasolina cuyo uso no fue comprobado. Ese año también, tres integrantes de ese instituto electoral, Noemí Sofía Herrera, Ayizde Anguiano y Raúl Maldonado, antes de concluir su encargo como consejeros cobraron vacaciones a las que no tenían derecho. En Nayarit, magistrados y mandos superiores del Tribunal Electoral recibieron cada mes de 2018, sin la debida justificación, vales de gasolina que al final del año sumaron un desfalco de 360 mil pesos. Esos vales nunca fueron autorizados y, además, no hubo evidencia de que ese consumo de gasolina lo usaran para traslados relacionados con el desempeño de sus funciones.
En ese mismo tribunal electoral, el de Nayarit, los magistrados electorales, encabezados por Gabriel Gradilla Ortega, se aprobaron, a unos días de la Navidad de 2018, un bono por “trabajos extraordinarios”, sin que esas prestaciones estuvieran autorizadas en el presupuesto. El bono, que buscaba motivar el “aumento en la productividad” tanto de magistrados como de mandos superiores, mandos medios y trabajadores de confianza, representó ese año un boquete al erario del tribunal por 3.2 millones de pesos, de acuerdo con auditorías. La punta del iceberg Entre 2018 y 2020, de acuerdo con los informes más recientes de las auditorías estatales, al menos 29 institutos y tribunales locales sumaron inconsistencias por al menos 977 millones 918 mil 280 pesos de recursos públicos han sido utilizados de manera irregular o sin la documentación que compruebe que se aplicaron de manera correcta. Este monto de anomalías refleja sólo las cuentas que han podido ser revisadas, pero existe un conjunto de institutos y tribunales que no son fiscalizados por las auditorías de sus estados y sobre los que, en consecuencia, no existe información del manejo de sus recursos. Por ejemplo, MILENIO no encontró auditorías a los institutos y tribunales electorales de Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas o Tabasco, estado en el que ni siquiera existe sitio de internet de la auditoría estatal. Tampoco se encontraron informes de los tribunales de Aguascalientes y Zacatecas, mientras que en los órganos de Michoacán, por ejemplo, no se mencionan los montos de las irregularidades encontradas. Puebla, sin rastro de 302 millones Pero no todo son derroches personales de magistrados y consejeros, sino que muchas de esas cuentas pendientes también revelan una mala administración de las finanzas en ese tipo de instituciones. Por ejemplo, la Auditoría Superior de Puebla identificó que el Instituto Electoral de esa entidad no entregó documentación comprobatoria del uso de 302 millones de pesos durante 2019, la cifra más alta de irregularidades entre institutos electorales locales. “No remitió la integración del saldo observado, pólizas de registro contables y presupuestarias, transferencias electrónicas, CFDI, recibo de la ayuda, solicitud de recursos, convenio y autorización y aprobación de su Consejo General”, dice el informe. Sin que la auditoría lo especifique, ese monto es el costo de la elección extraordinaria para gobernador que se celebró en 2019, luego de la muerte, en diciembre de 2018, de la gobernadora Martha Erika Alonso.
Con información de Milenio.
