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°CRoberto Santiago 10 marzo, 2023 | Hace 2 años
En el reactivo 11 del examen que presentaron 508 personas que buscan un lugar en el Consejo General del INE, los aspirantes encontraron la siguiente pregunta: “¿Qué características debe tener la propaganda gubernamental? A. No tiene límites; B. Debe ser institucional y atender a fines informativos, educativos o de orientación social; C. Puede ser personalizada; D. Todas las anteriores”.
Quienes respondieron “Debe ser institucional y atender a fines informativos, educativos o de orientación social” tuvieron una respuesta correcta. Pero la nueva Ley de Comunicación Social derivada del “plan B” de reforma electoral abre la puerta para que los funcionarios apelen a su derecho a la libertad de expresión para conseguir una interpretación distinta del concepto de propaganda.
En la 13, se preguntó: “¿Quién designa al secretario ejecutivo del INE? A. El Congreso de la Unión; B. El presidente del INE; C. Dos terceras partes del Consejo General; D. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Acertaron quienes respondieron “Dos terceras partes del Consejo General”, pero en el “plan B” se incluyó un artículo transitorio mediante el cual el Congreso destituyó al secretario ejecutivo que, en 2020, fue nombrado por dos terceras partes del Consejo General del INE.
En el reactivo 5, se preguntó: “Los partidos políticos y candidatos independientes podrán nombrar a sus representantes ante las mesas directivas de casilla hasta… A. El día de la jornada electoral; B. 48 horas antes de la jornada electoral; C. 13 días antes de la jornada electoral; D. 10 días antes”.
Éste es el tipo de preguntas contenidas en el examen aplicado el pasado 7 de marzo en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, que consistió en 42 reactivos de pregunta-respuesta y 38 de comprensión lectora, todos de opción múltiple.
De acuerdo con algunos de quienes presentaron el examen —del que Animal Político tiene una copia—, se trató de una prueba compleja, con preguntas capciosas que, en algunos casos, tenían respuestas que dejaban ver las contradicciones entre las leyes electorales vigentes y el “plan B”.
Una prueba que requería más de dos horas y que, para sorpresa de los entrevistados, algunos concluyeron en apenas una hora y 20 minutos.
Ayer, luego de que se dieron a conocer las listas de 102 mujeres y 102 hombres mejor calificados —que pasarán a la siguiente fase de evaluación—, decenas de los 306 que fueron descartados solicitaron una revisión de su examen.
Mediante un sistema habilitado por el Comité Técnico de Evaluación (CTE), los no aprobados pudieron pedir aclaraciones y rectificar los reactivos en la misma aplicación, de forma tal que anoche mismo concluyó el proceso de revisión.
Dos personas que presentaron el examen relataron que éste comenzó con 15 minutos de retraso. A cada persona se le asignó una curul conforme fue llegando al salón de plenos, y ahí encontraron un iPad en la que se encontraba precargado el examen.
Cada participante tenía asignado un folio y una contraseña para activar la pantalla. Según relataron los entrevistados, durante la aplicación de la prueba fueron comunes las fallas de sistema: se tardaba en cargar la información de un reactivo a otro, e incluso en cierto momento el sistema arrojaba la palabra error, lo que hacía necesario actualizar el equipo deslizando la mano en la pantalla.
Las aparentes fallas de sistema generaron suspicacias y, en paralelo, ayer se cuestionó el hecho de que cuatro personas allegadas a Morena hayan obtenido las notas más altas: Bertha Alcalde Luján y Madai Merino, con 74 respuestas correctas cada una, y entre los varones, Jaime Castañeda (79) y Armando Ocampo Zambrano (78).
La versión de que “alguien” había filtrado el examen a personas allegadas a la llamada 4T corrió durante todo el jueves en chats de académicos, periodistas, activistas en temas de transparencia y funcionarios electorales, sin ninguna prueba contundente de ello.
Incluso, el actual consejero del INE Uuc-kib Espadas publicó un tuit que decía: “Mis más sinceras felicitaciones a quienes NO hicieron fraude y pasaron el examen de selección a consejeros del INE”.
En respuesta, la senadora panista Kenia López replicó el tuit del consejero afirmando que “este gobierno tiene… unos candidatos que se roban el examen para destruir al INE y después robarse las elecciones”.
Otros cuestionaron que, pudiendo admitir hasta la mitad de quienes presentaron el examen (254 personas), en términos de lo que dice textualmente la convocatoria, el CTE haya decidido que solo 204 pasaran a la siguiente fase. Es decir, se pudo admitir a 25 mujeres y 25 hombres más.
Ante la polémica, el Comité Técnico de Evaluación anunció que este viernes, a las 12:00 horas, dará a conocer la lista definitiva de aspirantes que pasan a la siguiente fase después de la revisión de exámenes y aprovechará para explicar la metodología de elaboración y aplicación de la prueba.
En la segunda parte del examen, los 38 reactivos de comprensión lectora, se obligaba a leer fragmentos de obras de académicos expertos en derecho electoral, clásicos de la política, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre las lecturas escogidas por el Comité Técnico de Evaluación para generar los reactivos, se incluyeron publicaciones y autores que han sido descalificados abiertamente por el presidente en sus conferencias mañaneras.
En la pregunta 57 se cita un texto publicado en el blog El Juego de la Corte, de la revista Nexos, dirigida por Héctor Aguilar Camín, titulado “Jacinta, Alberta y Teresa y la inédita disculpa por parte del Estado mexicano” (Nexos, febrero de 2017).
En el reactivo 69, se pidió a los aspirantes leer fragmentos de la obra La democracia constitucional, una radiografía técnica, de Pedro Salazar, el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a quien apenas esta semana el presidente criticó por haberse formado en el ITAM.
Otros autores citados en el examen son Mauricio Merino, exconsejero electoral del IFE y excomisionado del IFAI; Guillermo O’Donnell, politólogo argentino; el tabasqueño Enrique González Pedrero, y un fragmento del Contrato social de Juan Jacobo Rousseau.
En otros reactivos, se cita jurisprudencia en temas que han sido cuestionados por el gobierno federal y su mayoría legislativa. Por ejemplo, en la 73 se cita una tesis de la Corte sobre los órganos constitucionales autónomos y se pregunta: “¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica esencial de los organismos constitucionales autónomos? A. Dependen orgánicamente del Ejecutivo o del Legislativo; B. Pueden ocuparse de cualquier función administrativa; C. Están creados por una ley del Congreso; D. Cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera”.
La respuesta correcta es la D, pero uno de los alegatos del actual Consejo General del INE y de especialistas en derecho constitucional y electoral en contra del “plan B” es que esas reformas vulneran dicha autonomía.
Con información de Animal Político.
