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°CRoberto Santiago 19 agosto, 2022 | Hace 3 años
El gobierno federal descartó que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 sigan con vida.
“No hay ningún indicio de vida, ninguna coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad”, aseguró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en referencia a lo afirmado el 7 de noviembre de 2014 por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
La comisión creada por el gobierno para esclarecer el caso concluyó que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado cometido por la delincuencia organizada, junto con autoridades locales y federales. Hubo omisiones y alteración de hechos para llevar a una conclusión falsa, indicó ayer en un reporte.
Tras reunirse con padres de las víctimas en Palacio Nacional, dijo que hay indicios para que la FGR proceda penalmente contra 51 personas, entre ellos diez exfuncionarios federales de la anterior administración.
Además, se confirmó que mandos militares de la región no protegieron ni buscaron a Julio César López Patolzin, un soldado que estaba infiltrado entre los 43. “(Aplicar el protocolo de este caso) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, aseguró.
Las conclusiones
La comisión del caso difundió ayer un avance de sus investigaciones.
Los 43 arteramente ultimados y desaparecidos; fue un crimen de Estado
El subsecretario Alejandro Encinas pidió que los 114 restos óseos que la CNDH recomendó fueran analizados se sometan a los especialistas.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, descartó que los 43 normalistas de Ayotzinapa estén vivos después de casi 8 años de su desaparición en Iguala, Guerrero. Con base en esa confirmación dijo: “no hay ningún indicio de vida; no hay ninguna coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad”.
Desde Palacio Nacional, el funcionario se pronunció por que los 114 restos óseos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó que fueran analizados para determinar si son de los jóvenes, se sometan a los especialistas, entre los que se encuentran las 38 porciones petrosas del hueso temporal.
Afirmó que la CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, es quien ha descartado la posibilidad del análisis de esos restos óseos. “Creo que queda un asunto pendiente que tiene que resolver la Fiscalía General de la República, que es el análisis de las petrosas, que es de los asuntos que están pendientes de esa recomendación en donde hay una discusión entre los peritos respecto a si tienen el contenido de ADN suficiente para una identificación. En lo personal, creo que debe complementarse esa parte de la recomendación de la Comisión Nacional”.
El hecho de que el gobierno federal dé por muertos a los estudiantes que estaban en calidad de desaparecidos desde el 14 de septiembre de 2014, cuando policías municipales de distintos municipios de Guerrero se los entregaron a delincuentes de la banda Guerreros Unidos, se interpreta como un carpetazo a la búsqueda y el estatus de los normalistas pasará al de asesinados.
Con este hecho de carácter administrativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estaría obligada a entregar una indemnización que sería fijada por un juez y el caso se daría por cerrado, aunque sigan las investigaciones y se lleva ante la justicia a los responsables de la masacre, como lo afirmó Encinas Rodríguez se seguirá haciendo.
En su informe, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa concluyó, de manera preliminar, que la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos fue producto de un crimen de Estado en el que concurrieron grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales.
Luego de reunirse con los familiares de los normalistas en Palacio Nacional donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó con ellos sobre este informe, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y presidente de esta comisión, dio a conocer los avances de la investigación en la que se confirma la existencia de indicios para que la Fiscalía General de la República proceda penalmente contra 33 personas, la mayoría de ellos integrantes de Guerreros Unidos, autoridades municipales y federales, entre ellos 10 funcionarios de la anterior administración.
Con información de Excelsior
