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°CJose Ureña 28 marzo, 2023 | Hace 2 años
Los ministros parten de una tradición equivocada.
Históricamente sus decisiones, lenguaje incluido, van dirigidas a los demás miembros del Poder Judicial -jueces y magistrados- y a los juristas.
Nunca tienen como objeto a la gente, no tienen proyecto de comunicación social, y por ende carecen de lazos y arraigo con la población.
No sucedió siquiera con Arturo Zaldívar, dotado de grandes sumas para penetrar en redes sociales y difusión desde Palacio Nacional a cambio de su sometimiento.
Esta realidad debe verse como una gran deuda con una población mexicana deseosa de tribunales cercanos a ella, confiables, respetables, instituciones de la Constitución y sus leyes.
Hoy esa Suprema Corte de Justicia de la Nación y en especial sus ministros acusan tal déficit y son objeto fácil de vulgares e injustos ataques del titular del Poder Ejecutivo.
Y en esas condiciones, con una presidenta, Norma Piña, decidida a regresar el Estado de Derecho, van al encuentro de decisiones fundamentales para la vida institucional del país, de la democracia y de la vigencia de la llamada Carta Magna.
SANTOS Y SEÑAS
De ellos depende.
Por su currículum, hay ministros para esperar la aplicación estricta de la ley y no someterse a las amenazas y distorsiones con las cuales se les presenta.
Son los considerados juristas puros y al frente de quienes debe ponerse a la presidenta Norma Lucía Piña Hernández por su larga carrera judicial.
Lugar especial merece Luis María Aguilar Morales, quien como presidente de la Corte no cedió a presiones del entonces Presidente electo y mantuvo su posición hasta el final de su período.
En la misma línea son colocados por especialistas consultados los ministros Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Otros son abiertamente chairos, dicen juristas: Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
En medio colocan a Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán y curiosamente a Javier Laynez Potisek, quien dejó en un impasse el llamado Plan B del Gobierno para debilitar al INE.
Con tales credenciales esos once personajes decidirán el futuro de la democracia, de la convivencia social y de la Constitución… pero más de alguno tendrá la oportunidad de limpiar su fama.
BAJO AMENAZAS
La guerra anunciada en Nayarit va en serio.
El gobernador morenista Miguel Ángel Navarro ha mostrado garras, uñas y aspiraciones cual dictador tropical.
Primero quiere desconocer derechos laborales de los servidores públicos de su administración y ahora se mete en elecciones sindicales.
El SNTE de Alfonso Cepeda, quien la semana pasado declaró “enemigo número uno” al expriista y experredista, denunció intervenciones e intimidaciones.
Ayer, durante la elección de dirigente en las secciones 20 y 49, mandó fuerzas de seguridad para obstaculizar la participación libre del magisterio.
Bajo la mirada policíaca se revisaban los nombres de los docentes, se les vigilaba al momento de sufragar y se les intimidaba arma en mano.
Esto no había sucedido en ninguno de los 35 procesos anteriores en otros estados de la república, donde no hubo incidentes pero tampoco intento de imposiciones ni amenazas.
LEG
