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°CRubén Aguilar 18 agosto, 2023 | Hace 9 meses
El 16 de agosto, la dictadura de Nicaragua, a la cabeza de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sacó a los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) e incautó todos sus bienes materiales y económicos.
Los jesuitas fundaron la UCA hace 63 años en tiempos de la dictadura de la dinastía de los Somoza, esa dictadura les permitió abrir la Universidad, pero la que ahora es dueña del país se las arrebata.
La dictadura cierra de golpe la mejor Universidad del país y uno de los muy pocos centros, tal vez el único, que ahora en Nicaragua genera pensamiento crítico e independiente, lo que es inaceptable para la dictadura.
El 15 de agosto una jueza afín al régimen acusó a la Universidad de ser un “centro de terrorismo”. Los argumentos que utiliza son ridículos y lo único que hacen es mostrar el carácter fascista de la dictadura.
La Provincia de la Compañía de Jesús en Centroamérica ha dicho que todos los cargos en contra de la UCA son falsos y que a partir de abril de 2018, por “(…) su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, la UCA ha venido siendo objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales (…)”.
Y añade que “la confiscación de facto a la UCA es el precio a pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: “La verdad los hará libres” (Juan 8, 32).
Los jesuitas sostienen “se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario” y que “es necesario e imprescindible que se le permita a nuestra Universidad ejercer su derecho irrenunciable a la legítima defensa en contra de dichas acusaciones”.
Responsabilizan al “Gobierno de Nicaragua de todos los daños” en contra de los alumnos, del personal, de los trabajadores, de los maestros y de los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la Universidad a favor del Estado de Nicaragua”.
Y solicitan al Gobierno de Nicaragua “que cese la creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes” y “se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra”.
El comunicado de los jesuitas termina: “Reiteramos el compromiso de la Compañía de Jesús con el pueblo nicaragüense en favor de una educación de calidad incluyente, inspirada en el Evangelio de Jesucristo (…) Dios es quien tiene la última palabra sobre la historia y la tendrá también sobre Nicaragua”.
Para la dictadura, la formación de los estudiantes en un pensamiento libre y crítico constituye una acción terrorista y por eso la UCA ha sido acusada de tal. El exrector de la Universidad Americana (UAM) señala bien que significa la incautación de la UCA: “Es la única institución que ha intentado convertirse en una universidad de verdad para un país como Nicaragua”. Así, la dictadura ha terminado con la universidad, ya antes había cerrado otras 26.
