Roberto Santiago 6 septiembre, 2022 | Hace 3 años
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos se pronunciaron en contra de la aprobación en la Cámara de Diputados de reformas a leyes secundarias que consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de seguridad pública.
La iniciativa no tiene el respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni de las comisiones estatales de Chiapas, Coahuila y Guanajuato.
Se emitió un pronunciamiento en donde se alerta por los impactos que tendrán las modificaciones legislativas en la esfera de derechos de las personas y comunidades derivados de la ruptura de la cadena de mando civil de la Guardia Nacional para sujetarla al mando militar a cargo de la Sedena.
Por ello, llamaron al Senado a recuperar el carácter civil de la Guardia Nacional como institución de seguridad pública, en apego al artículo 21 de la Constitución.
Advierten los organismos públicos de derechos humanos que, de consolidarse la delegación de la seguridad pública del país a las Fuerzas Armadas, se reducirá el margen de acción que actualmente tienen dichos organismos públicos de protección de derechos humanos en las entidades federativas para atender la conflictividad social que deriva de las funciones de seguridad pública en el territorio, en detrimento de la ciudadanía.
Además, se generará un vacío en la atención de las víctimas, una vez que la atención de las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Guardia Nacional, no son competencia de los organismos locales, sino de la CNDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos se manifiestan en contra de la militarización de la seguridad pública