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°CRoberto Santiago 10 octubre, 2022 | Hace 3 años
Durango, Dgo.- A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Fernando Rocha Amaro
presentó la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, para incorporar una
agravante al delito de amenazas e incrementar las penas cuando se ejecute en
contra de una víctima o contra algún testigo dentro de un procedimiento penal.
“La distorsión que se llega a propiciar en un procedimiento por las posibles
amenazas a víctimas o testigos, desvirtúa por completo la labor de impartición de
justicia que debe ser ejecutada por parte del estado”, señaló al realizar la
ampliación de motivos de la propuesta legislativa que se turnó a la Comisión de
Justicia para que sea analizada por los legisladores.
En este sentido, Rocha Amaro explicó que las penas aumentarán en una mitad
cuando la amenaza sea dirigida en contra de una víctima, ofendido o testigo dentro
de un procedimiento penal.
“El valor probatorio que pueda tener todo testimonio, es nulo si no se realiza de
manera libre y espontánea. Poco y nada aportan al esclarecimiento de la verdad un
testimonio coartado por las amenazas que se lleguen a ejercer sobre los testigos o
sobre la misma víctima”, indicó el representante popular.
Al respecto, destacó que los delitos solo pueden ser sancionados de manera
efectiva, si las pruebas aportadas por las partes y testigos, se desahogan con la
libertad y legalidad debida.
De esta manera, cuando una persona que participa como testigo dentro del trámite
para el esclarecimiento de posibles actos delictivos, resulta amedrentada puede,
por la presión que sobre su persona se llega a ejercer, participar de manera
deficiente en contra o a favor de alguna de las partes dentro del procedimiento
respectivo, a consecuencia de la coacción que se ejerce sobre la misma.
Agregó que, el informe sobre “Situación de los Derechos Humanos en México”,
elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que
el país requiere adoptar medidas de protección específicas para las víctimas, sus
familiares, sus representantes, testigos, peritos, defensores y defensoras que
participen en la investigación o búsqueda de justicia cuando estén en riesgo; por
ello impulsa las reformas al Código Penal del Estado.
