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°CRoberto Santiago 29 agosto, 2022 | Hace 3 años
El reporte de México Evalúa, revela que en el país sólo tres de cada 10 personas privadas de la libertad concluirán su proceso con una condena, esto significa que la gran mayoría habrá purgado un castigo por adelantado de manera injusta.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la organización México Evalúa expresaron que la prisión preventiva oficiosa tiene más inconvenientes que beneficios.
A juicio de la CNDH, que presentó una acción de inconstitucionales en 2011, al considerar que la cárcel de oficio vulnera la presunción de inocencia, en sintonía con jurisprudencial interamericana, la decisión judicial que restringe la libertad personal de una persona por medio de la prisión preventiva debe fundamenta y acreditar, en el caso concreto, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de las persona y que la detención sea estrictamente necesaria.
Y por tanto no puede tener como base la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia de acusado a un grupo ilícito determinado.
“Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención Americana.
Añadió que, “de este modo, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención”.
Por su parte, Arturo Piñeiro, coordinador de Justicia del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), planteó que el uso de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva es un parteaguas que pondera al principio de presunción de inocencia, pero “en México aún hay retos por cumplir para evitar que la reclusión temporal sea utilizada de forma sistemática y genere penas anticipadas, lo cual daña al imputado”.
Un estudio de la organización México Evalúa estableció que “en México sólo tres de cada 10 personas privadas de la libertad concluirán su proceso con una condena. Esto significa que la gran mayoría habrá purgado un castigo por adelantado de manera injusta, ya que al final del proceso se concluirá que no era responsable del delito que se les acusaba”.
