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°CCarlos Ramírez 9 junio, 2023 | Hace 1 año
A diferencia de sucesos similares, la presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional reaccionaron de inmediato a la difusión de un video que presentaba la presunta ejecución extrajudicial de cinco supuestos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo.
De manera inmediata, las autoridades abrieron carpetas de investigación para indagar de razones vistas en el video, pero siguiendo con rigor jurídico el proceso de elaboración de una averiguación previa, toda vez que se requiere, como mínimo, el acceso íntegro al video.
No se tienen claras las razones del suceso, salvo la primera versión de los soldados de que habían sido atacados con violencia armada por grupos delictivos y que todo formó parte de una respuesta improvisada.
Lo que queda claro es que el Gobierno federal y las fuerzas armadas son los más interesados en borrar la vieja imagen de letalidad abusiva de algunos grupos oficiales ante la falta de reglas de combate. Desde los tiempos del general secretario Guillermo Galván se crearon en la Sedena las oficinas especiales de derechos humanos para desahogar las quejas que provocaba el inicio de la ofensiva gubernamental contra los delincuentes del crimen organizado.
En tanto que los delincuentes tienen acceso arbitrario a armas con poder letal superiores a la de las policías, aunque inferiores a las de las fuerzas armadas, no existen capacidades para evitar el enfrentamiento ante ataques delictivos, pero las autoridades tienen como obligación primera el evitar el abuso de fuerza aún contra delincuentes y están entrenados para canalizar a los delincuentes capturados a los tribunales civiles para desahogar expedientes.
La forma en que están enfrentando las autoridades el caso de Nuevo Laredo fijaría mayores criterios de manejo estricto del poder armado institucional frente al alto grado de letalidad de las bandas delictivas.
Zona Zero
• Los legisladores opositores que forman parte de la comisión bicameral de supervisión de las fuerzas armadas en labores de seguridad demostraron en la reunión con el gabinete de seguridad el desconocimiento total de doctrinas de defensa nacional y de las facultades y funciones de los cuerpos de lucha contra la delincuencia, al grado de que uno de los senadores sugirió que el secretario de Marina “se tomará un café” con un grupo que denunciaba irregularidades. Ahí se puso en claro que el aparato legislativo no ha madurado en el manejo de sus funciones.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
