Roberto Santiago 17 febrero, 2023 | Hace 2 años
Adolfo N, Subdirector de Administración y Finanzas del Sistema Estatal de
Telesecundarias (SETEL), fue vinculado a proceso por el Juez de Control y
Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio
Público, previsto en el artículo 326, fracción II del Código Penal de Durango, el cual
señala que comete este delito quien “Ejerza las funciones de un cargo o comisión sin
satisfacer los requisitos legales”.
La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango denunció ante la Fiscalía
anticorrupción que luego de tener conocimiento de la existencia de diversas
irregularidades en el otorgamiento y asignación de plazas de personal adscrito a la
subdirección de administración y finanzas del Sistema Estatal de Telesecundarias, su
búsqueda arrojó que el titular de dicha área no cuenta con el respaldo documental para
ocupar la plaza referida.
Con estos elementos, el agente del Ministerio Público especializado en delitos de
corrupción realizó la investigación correspondiente para acreditar la presunta
responsabilidad del imputado.
INVESTIGACIÓN
Según el Manual General de Organización del Sistema Estatal de Telesecundarias,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango número 82 bis, 13 de octubre de
2016, quien ocupe el cargo de la Subdirección de Administración y Finanzas debe contar
con título de licenciatura en administración, economía, relaciones públicas, contador
público o carrera afín, así como tres años de experiencia mínima en administración
pública.
Estos requisitos fueron obviados, pues en 2017, el entonces Director General de dicho
organismo público descentralizado otorgó el nombramiento respectivo a Adolfo N, quien
no cuenta con el título de la profesión con que se ostenta de licenciado en administración
y negocios internacionales y, de igual forma, no acreditó la experiencia requerida para el
puesto.
“Año 2023. Centenario de la muerte de Francisco Villa”
En la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de Control estableció diversas
medidas cautelares en las que se ordenó la separación temporal del cargo, así como el
pago de una garantía económica, estableciéndose un plazo de cierre de la investigación
complementaria de tres meses.