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°CCarlos Ramírez 5 junio, 2023 | Hace 1 año
La estrategia lopezobradorista de construcción de la paz en materia de seguridad interior estuvo determinada por la pasada experiencia de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto de que la persecución de cárteles había incrementado la violencia.
Sin embargo, la semana pasada se acumularon datos que mostraron que el Gobierno del presidente López Obrador ya rebasó la totalidad de los homicidios de sexenios anteriores y pondrá una nueva marca cercana a 250 mil fallecidos con violencia sexenal.
La interpretación elemental señalaría el fracaso de la estrategia de paz; sin embargo, el problema es mucho más complejo: la decisión gubernamental fue la de cesar la persecución de delincuentes para disminuir las presiones de respuesta violenta, pero la parte complementaria estaba en la urgente reconstrucción del tejido social, de las relaciones políticas y del aparato institucional municipal y estatal.
En más de cuatro años, el país ha visto construirse una estructura federal de seguridad con fuerza y presencia, pero sin instrucciones operativas de persecución; en tanto, los gobiernos estatales y municipales no han hecho su parte y los grupos delictivos están consolidando su poder en las zonas de delitos de fuero común, es decir, de atención obligatoria de autoridades locales.
En estos cuatro años, gobiernos estatales y municipales en los hechos se han desentendido de la seguridad y se han confiado en la presencia de cuarteles de la Guardia Nacional, pero han fallado en el desarrollo de políticas penales que combatan de manera local a los grupos delictivos, además de que todos los días se confirman evidencias de que los delincuentes siguen corrompiendo con impunidad a las autoridades locales.
Sin participación estatal y municipal, la corresponsabilidad de los saldos reales de la estrategia de paz será de gobernadores y alcaldes.
Zona Zero
• En cumplimiento del Quinto Transitorio, el gabinete de seguridad se apersonó en la Comisión Permanente del Congreso para una reunión a puerta cerrada. Sin embargo, el Quinto Transitorio también exige a los gobernadores y alcaldes presentar informes al Congreso sobre su participación en políticas de seguridad, pero todos los datos indican que hasta ahora ninguno ha cumplido con esa obligación constitucional. Y queda el dato de que 21 gobernadores son de Morena.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad
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